Las protestas por la suspensión de Radio Caracas Televisión Internacional (RCTVI), crítica con el presidente Chávez, no se han hecho esperar. El canal venezolano, que transmitía sólo por suscripción desde que su concesión en abierto fue revocada en 2007, quedó definitivamente fuera del aire y del alcance de los televidentes la medianoche del pasado sábado después de que el Gobierno ordenara cortarle la señal "por no cumplir con las leyes del país", entre ellas la de retransmitir de forma obligatoria las alocuciones del jefe del Estado.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que reúne 11 partidos de la oposición, ha manifestado en un comunicado su "condena sin reservas al cierre de RCTV Internacional" y anuncia manifestaciones y protestas en todo el país por lo que considera un "zarpazo a la libertad de expresión". El líder opositor y alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que califica la acción como "un intento del Gobierno de llevar a la realidad el propósito de una hegemonía comunicacional", convocó una cacerolada para este mismo domingo y secundó la vigilia convocada ante la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), responsable directa de que se haya dejado de retransmitir la señal de RCTV por las principales plataformas de televisión por cable y que además ordenó la suspensión de otros cinco canales: Ritmo Son, Momentum, América TV, American Network y TV Chile.

Ledezma anunció también una movilización cívica el martes 26 a las puertas de Conatel y otras protestas en diversos Estados del país, que comenzaron ya con marchas en Maracaibo, Valencia, San Cristóbal y otras ciudades. El miércoles 27 de enero también se hará una jornada nacional de protesta.

Diversas organizaciones y gremios profesionales, entre ellos el Colegio Nacional de Periodistas, han llamado también a un "estado general de movilización" y anuncian vigilias en rechazo a la medida para los próximos días. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado también su condena. En un comunicado, el organismo recuerda "para que resulte legítimo el cierre de un medio de comunicación es necesario que, previo el agotamiento de un debido proceso, un órgano estatal independiente e imparcial verifique que se cometió una falta claramente establecida en la ley y que la autoridad de aplicación de la ley motive de manera adecuada y suficiente la correspondiente decisión". Estas garantías mínimas del debido proceso no pueden ser soslayadas, según la Relatoría, "bajo el pretexto de que se trata de un canal de televisión por cable".

Chávez se defiende

El mandatario venezolano, por su parte, defendió la medida en su programa semanal Aló, Presidente, donde advirtió de que la vuelta de RCTVI a antena depende únicamente de que cumpla con la ley de Venezuela.

"Es decisión de ellos, no de nosotros", afirmó Chávez, y emplazó a la compañía a acudir a las autoridades para registrarse como estación de producción nacional y volver a emitir por cable. "Si no acuden, no tendrán nunca salida", concluyó el presidente.

Parlamentarios y dirigentes de sectores políticos chilenos demandaron hoy de la Administración de Michelle Bachelet una reacción “firme” contra la suspensión temporal de algunas señales de televisión ordenada en Venezuela por el Gobierno de Hugo Chávez.

Entre las señales afectadas está TV Chile, señal internacional de la cadena estatal chilena TVN, acusada, al igual que otras cinco estaciones, de incumplir la legislación venezolana en materia audiovisual.

En ese marco, debían, entre otras medidas, retransmitir los discursos del presidente Hugo Chávez, lo que fue considerado “ridículo y absurdo” por el diputado Jorge Tarud, del oficialista Partido por la Democracia (PPD).

“Es ridículo y absurdo que se obligue a un medio internacional a comunicar las cadenas nacionales internas“, dijo a los periodistas Tarud, que pidió al Gobierno de Bachelet que intervenga para invertir esta situación y que todo se aclare.

Para el parlamentario, la medida es “un atentado a la libertad de expresión y de prensa” y una situación “absolutamente inaceptable”, por lo que pidió que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores el Ejecutivo trate de revertirla.

Más lejos fue el senador Víctor Pérez, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), quien pidió al Gobierno llamar a consulta a Santiago al embajador de Chile en Venezuela, Claudio Herrera.

“Hay que reaccionar con firmeza ante la Administración venezolana y que el embajador chileno en Caracas sea retirado para que informe lo ocurrido con la clausura de los canales de televisión”, dijo en un comunicado Pérez, habitual portavoz de su partido.

“En Venezuela hace mucho tiempo que no se respetan los derechos fundamentales de las personas y nuestro país no puede seguir guardando silencio, porque eso nos convierte en cómplices”, aseveró el parlamentario.

Agregó que las acciones de Hugo Chávez “no son sólo contra un sector político, sino que atentan contra el Estado”, y que en ese contexto, la presidenta Bachelet “debe exigir respeto” hacia las “instituciones”.

Pérez dijo que Chile quiere mantener buenas relaciones con los países de la región. “Pero, eso no significa permitir que Chávez se de el lujo de amenazarnos, insultarnos y cuestionar las líneas editoriales de la televisión chilena”, agregó

“Tampoco (significa) que guardemos silencio ante las medidas que toma, como los límites que ha puesto a la libertad de expresión”, concluyó.

Además de TV Chile, las estaciones que debieron cesar sus transmisiones en Venezuela son RCTV Internacional (heredera de Radio Caracas Televisión, sacada del aire en 2007), América TV, Ritmo Son, American Network y Momentum.